Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, e Inés Mazuela, responsable de UPTA Andalucía, se han reunido este jueves 10 de marzo para analizar la situación que presenta la eliminación por parte de la Junta de Andalucía del servicio de taxi rural para el traslado de los pacientes que necesitan un tratamiento a los hospitales.
Con la eliminación del servicio asistencial que presentaba el taxi rural la única alternativa es el transporte en las ambulancias compartidas. Desde UPTA señalan que “este hecho supone someter a los pacientes a largos y repetitivos desplazamientos” ya que la ambulancia va recogiendo a personas de diferentes pueblos y luego dejándolas de nuevo en sus localidades. “Todo ello supone, en el mejor de los casos, 10 horas desde que el paciente sale de su domicilio hasta que vuelve”, aseveran desde la organización.
Durante más de 40 años el taxi rural ha prestado un servicio esencial ayudando al traslado de las personas enfermas residentes en los municipios menos poblados y más alejados de las urbes donde están los hospitales y centros sanitarios. Esto ha permitido a los pacientes de la provincia recibir su tratamiento en buenas condiciones de calidad asistencial, sobre todo a los que dependen de un tratamiento de hemodiálisis.
La eliminación de este servicio esencial afecta indirectamente a 254.216 vecinos y vecinas de 22 localidades sevillanas (tres de ellas superior a los 27.000 habitantes), pero también hay un amplio sector de actividad autónoma que se ve perjudicado, el de taxistas rurales.
Este colectivo presenta un perfil caracterizado por ser mayoritariamente hombres con edad superior a los 50, que llevan en el sector más de 30 años y que tienen pocas posibilidades de recolocarse en otro ámbito profesional. Según datos de UPTA, son más de 400 personas las que prestan este servicio en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.
En su reunión con el presidente de la Diputación, la representante de los autónomos andaluces ha pedido que desde las instituciones se llegue a una solución para que este servicio recupere su normal funcionamiento como venía haciendo estos años atrás.
Desde UPTA consideran necesario “la coexistencia de las dos modalidades de transporte”, es decir, el transporte sanitario colectivo que prestan las ambulancias y el que sustenta el taxi rural. Para ello piden que se destine “al menos, un 2%” de la partida presupuestaria destinada al transporte colectivo sanitario a sufragar el coste del taxi rural.
De este modo buscan alcanzar sus objetivos que se basan en “salvaguardar la calidad asistencial, salud y dignidad de los pacientes; el mantenimiento del empleo de los profesionales del taxi rural; el sostenimiento de los servicios mínimos esenciales en los municipios rurales; y la igualdad de todos los ciudadanos”.
