El martes 28 de enero, el grupo parlamentario Por Andalucía presentó una denuncia ante un juzgado de Sevilla por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de uno de los programas gestionados por la ONG Inserta Andalucía. Dicho programa se encarga de la gestión de acogida para jóvenes extutelados.
La denuncia señala dos contratos adjudicados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para la gestión de pisos destinados a jóvenes migrantes extutelados en Málaga, Granada y Cádiz. Estos contratos, aún en vigor, ascienden a 1.016.390 euros y 1.159.267 euros, respectivamente.
La portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, considera que la Junta es “especialmente responsable”, ya sea por connivencia o por negligencia, al tener conocimiento de lo ocurrido y no actuar al respecto. Se acusa a la Junta de “falsear” los expedientes de contratación al tramitar pliegos con información manipulada, particularmente en lo referente a la subrogación de los trabajadores. Esto habría generado un coste inflado, impidiendo que otras entidades pudieran presentarse al proceso de licitación. Como resultado, Inserta habría quedado como la única adjudicataria posible.
Un ejemplo de esta presunta irregularidad se encuentra en Málaga, donde el contrato establecía la necesidad de 14 trabajadores a jornada completa, cuando en realidad solo trabajaban 8, de los cuales solo 3 tenían jornada completa. Además, se acusa a la administración regional de permitir que, una vez firmados los contratos, estos no se cumplieran en los términos pactados, lo que habría generado un beneficio económico indebido para la empresa con dinero público.
Por su parte, la ONG está señalada por supuestamente manipular el número de trabajadores presentados en la licitación y, una vez obtenido el contrato, asignar menos personal del requerido.
Otro de los aspectos clave denunciados por Por Andalucía es un posible conflicto de interés, ya que la mujer y el hijo del responsable de la Junta encargado de la interlocución de estos servicios con la propia Junta son trabajadores de la ONG denunciada, empleos que consiguieron tras la adjudicación de los contratos mencionados.
