Investigan a un grupo familiar por transformar de forma ilegal más de 400 hectáreas de secano en regadío en la provincia de Sevilla
La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Sevilla, ha desarrollado la segunda fase de la Operación IRRIGATIO, relacionando en calidad de investigado a cinco personas pertenecientes a un mismo grupo familiar.
Estas personas están siendo investigadas por su supuesta implicación en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, usurpación y falsedad documental.
Esta nueva fase de la operación, iniciada en 2021, ha permitido detectar importantes irregularidades medioambientales en los términos municipales de Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río, en la provincia de Sevilla. Los agentes centraron sus investigaciones en un complejo de fincas y explotaciones agrícola pertenecientes a un grupo familiar, donde se había transformado de forma ilícita más de 400 hectáreas de terreno de secano a regadío.
Los terrenos, principalmente de olivos, aunque también de naranjos, donde se cultivaban olivos, eran nutridos mediante captaciones no autorizadas de agua superficiales y subterráneas. Entre los métodos empleados se encuentra la extracción directa del cauce del río Guadalquivir sin autorización, así como el uso de pozos y sondeos carentes de permisos, incluso durante periodos de especial riesgo por sequía.
Se estima que unas 270 hectáreas habrían sido transformadas sin concesión alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estimando que el daño ecológico ocasionado podría superar los seis millones de euros, con una estimación de la extracción de más de 829 millones de litros anuales (829.530 metros cúbicos).
Según aporta la investigación del SEPRONA, se ha detectado una compra masiva de terrenos agrícolas de secano, convirtiéndoles posteriormente a regadío de forma fraudulenta. Además, algunas de las fincas se adquirían con cercanía a ríos o con derechos legales de captación, al parecer con el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua. Las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los tres millones de euros.
A lo largo de las inspecciones realizadas por el SEPRONA y agentes fluviales de Confederación Hidrográfica del Guardalquivir, se han constatado diversas infracciones administrativas. En su mayoría, las explotaciones inspeccionadas disponían cerramientos complejos y la ocultación de motores, pozos y sistema de captación en casetas y estructuras metálicas.
Otro de los aspectos relevantes de la investigación es la presunta apropiación indebida de vías pecuarias y caminos públicos, cuya libre circulación habría sido impedida. Además, se han documentado trabajos de roturación y desmonte en zonas de servidumbre del arroyo Guadalbacor, con el objetivo de implantar cultivos intensivos de olivar, invadiendo áreas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental.
Asimismo, se ha podido comprobar que el grupo familiar investigado habría percibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea mediante la declaración fraudulenta de fincas. En concreto, se habrían declarado parcelas de regadío como de secano, y viceversa, con el propósito de beneficiarse de subvenciones vinculadas a la protección del clima y la sostenibilidad agrícola. Esta información ha sido remitida al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) para su valoración.
Es importante destacar que los investigados en esta segunda fase de la operación no guardan relación ni vínculo alguno con las personas que fueron objeto de la primera fase de IRRIGATIO, tratándose de un grupo completamente distinto de presuntos responsables.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos meses, en una labor continuada de protección del medio ambiente y uso responsable de los recursos hídricos.